Se aprobó en el Parlamento el límite a reuniones, que comenzará a regir desde el próximo lunes.

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En una sesión extraordinaria el proyecto de ley enviado por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, que regulará el derecho de reunión por el aumento de casos de la covid-19, fue votado en la madrugada en la Cámara de Representantes.

Previamente en una sesión de casi 7 horas, los senadores del Frente Amplio (FA, izquierda) presentaron un proyecto alternativo para oponer al texto oficialista, que fue defendido por los partidos que integran la coalición de Gobierno con presencia en la Cámara Alta: Partido Nacional, Colorado y Cabildo Abierto.

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, permite limitar el derecho de reunión, reflejado en el artículo 38 de la Constitución, durante 60 días -prorrogables por 30 más- cuando haya “aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario”.

“No está prohibida la manifestación. Si 300 personas rodearan el Palacio Legislativo a dos metros y todos con tapabocas no tendría que aparecer la Policía, porque no tiene las características de la aglomeración. No se impide el derecho de expresión, se impide las cosas que contagian”, dijo en su alocución el senador del PN Jorge Gandini, en defensa del proyecto oficialista.

En concreto, el proyecto aprobado limita “transitoriamente” el derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución y se suspenden las aglomeraciones que generen “un notorio riesgo sanitario”.

El Ejecutivo define las aglomeraciones como “la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados”, pero no acota el número de personas considerado como tales.

Al respecto, el senador de CA Guido Manini Ríos enfatizó que esto es un tema al que “todo el sistema político” debía dar luz verde como “instrumento útil” que permita aplanar la línea de contagios.

“Por supuesto que hubiéramos preferido no llegar a esta instancia, no tener que limitar ninguna de las libertades que consagra la Constitución de la República pero indudablemente que hoy por sobre todas las cosas está el interés común, el interés de preservar la vida de los uruguayos”, sostuvo.

Durante el debate en la Cámara Baja, iniciado a las 19.15 el diputado del PN Rodrigo Goñi abrió la sesión y dijo que esta pandemia puso a prueba a todos y que, 9 meses después, lo sigue haciendo.

Sobre las medidas de este proyecto, que se enfocan en prohibir las aglomeraciones con riesgo sanitario e impedir -desde el 21 de diciembre al 10 de enero- el ingreso de uruguayos y residentes al país, Goñi subrayó que con esto no se busca limitar derechos sino proteger otros.

“No se procura evitar todo tipo de aglomeraciones sino aquellos agrupamientos de personas que, al no guardar las medidas preventivas sanitarias correspondientes, arriesgan la propagación del virus”, apuntó.

Por su parte, el diputado del PC Ope Pasquet consideró que la limitación que pone esta normativa “es mínima” debido a que solo se procederá en aquellas situaciones con riesgo sanitario.

“¿Alguien dice que esto es la varita mágica que resuelve todos los problemas? Por supuesto que no, decimos que es una medida necesaria porque cuando en la vía pública en distintos lugares se junta mucha gente, allí puede haber un foco de contagio y es necesario poner coto a ese tipo de comportamientos”, apuntó.

En tanto, el diputado del FA Gerardo Núñez afirmó que la bancada opositora se opondrá al proyecto y apuntó contra la falta de medidas complementarias -como una renta básica- que motiven a la gente a resguardarse.

“Este proyecto aparenta ser la gran solución pero no lo es ni lo va a ser, para que realmente exista un combate a la pandemia tiene que haber un llamado a la responsabilidad colectiva, para intentar llevar de la mejor manera posible esta situación que nos atraviesa y nos preocupa”, subrayó.

fuente montecarlo.com.uy

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