Río de Janeiro decreta “estado de calamidad pública” a pocos dias de Juegos Olimpicos.

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Río de Janeiro decreta “estado de calamidad pública” a 49 días de los Juegos Olímpicos

A 49 días de recibir los Juegos Olímpicos y ponerse bajo los focos del mundo, el estado de Río de Janeiro decretó el “estado de calamidad pública” por una crisis económica que amenaza con colapsar servicios esenciales como la seguridad o la salud.

“La referida crisis viene impidiendo al Estado de Río de Janeiro honrar con sus compromisos para la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016”, señala el decreto del gobernador estatal interino Francisco Dornelles, publicado este viernes en el Diario Oficial estatal.

crisis Río

El presente de Río contrasta con la imagen de pujanza y esplendor que Brasil quería mostrar al mundo cuando en 2007 presentó la candidatura para realizar los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica.

El texto recuerda que ya comienzan a llegar delegaciones extranjeras a la ciudad para el evento deportivo global de agosto y advierte que “cualquier desestabilización institucional implicará un riesgo a la imagen del país de dificilísima recuperación”.

Según economistas, en la práctica el decreto implica que el gobierno de Río puede adoptar medidas extraordinarias como cortar gastos, definir qué deudas paga y cuáles no, y acudir al gobierno federal en busca recursos.

Las enormes dificultades que atraviesa Río ya se reflejan, por ejemplo, en un aumento de los homicidios y robos en las calles, atrasos salariales, huelgas en centros de estudio y cierres de emergencias en hospitales.

La situación estatal no sólo es atribuida a una caída en la recaudación por la profunda recesión que atraviesa todo Brasil, sino también a la crisis financiera y el colosal escándalo de corrupción en Petrobras, el gigante petrolero cuya sede está en Río.

Los ingresos del estado se desplomaron debido a Petrobras, la caída del precio del petróleo” y “porque toda esa operación Lava Jato impacta de lleno en las empresas de petróleo”, dijo Gutierrez refiriéndose a las investigaciones de sobornos en la empresa estatal.

 

A eso se añaden deudas que contrajo el estado para financiar obras y pagar gastos obligatorios, que ahora debe devolver.

Gutierrez añadió que, al decretar el estado de calamidad pública, el gobierno de Río “gana algunas flexibilidades” para definir a quién o cuándo paga sus deudas.

También “puede ser una manera de forzar” al gobierno federal a entregar recursos extraordinarios al estado.

El estado de Río es gobernado por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la misma fuerza política a la que pertenece el presidente interino de Brasil, Michel Temer.

Se estima que para concluir la obra antes del inicio de los Juegos en agosto, Río precisa unos US$146 millones, una suma elevada cuando enfrenta un déficit equivalente a unos US$5.560 millones.

Al mismo tiempo, la seguridad se deteriora: datos recientes señalan que los homicidios dolosos en el estado de Río aumentaron 15,4% entre enero y abril de este año, en comparación con el mismo período de 2015.

Y los robos de calle crecieron 23,7% en la misma comparación, del Instituto de Seguridad Pública.

“La decisión de recortes en servicios sociales y seguridad antes de las Olimpíadas de Río no solo es chocante sino increíblemente preocupante”, sostuvo Atila Roque, director de Brasil para Amnistía Internacional.

Lo que necesita Río no es menos sino más inversión para asegurar que las fuerzas de seguridad que van a ser desplegadas a lo largo del estado están debidamente entrenadas para prevenir el tipo de violaciones a derechos humanos que hemos estado documentando por años”, agregó.

No obstante, el alcalde Paes aseguró en las redes sociales tras el decreto que confía en que los juegos serán “excepcionales”, descartando que la situación implique atrasos en entregas de obras o compromisos asumidos.

Un portavoz del comité organizador de los juegos consultado por BBC Mundo también descartó que el estado de calamidad vaya a afectar el desarrollo de la fiesta deportiva.

“Esto no va a impactar las preparaciones y operaciones, ya que el Comité Organizador no depende de ningún financiamiento gubernamental”, sostuvo.

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