Proyecto de decreto para regular las aplicaciones que ofrecen servicio oneroso de transporte de pasajeros presenta la IMM

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Participaron en esta instancia, junto al Intendente de Montevideo, la Presidenta de la Junta Departamental, Delia Rodríguez; el secretario general de la IM, Fernando Nopitsch; el director del departamento de Movilidad, Pablo Inthamoussu; el coordinador de gabinete de la IM, Ramón Méndez; edilas y ediles departamentales.

Junta departamental

La presentación se llevó a cabo en una reunión de coordinación con las bancadas de todos los partidos políticos con representación en la Junta. Por las Comisiones de Legislación y Movilidad del legislativo departamental participaron sus presidentes, la edila Mariana Felártigas y el edil Martín Nessi respectivamente, y los ediles Cristina Fynn, Luis Chirico y Cristina Ruffo.

Con este proyecto se busca regular una actividad que hasta ahora no existía, para dar más garantías a las y los pasajeros que usan el servicio. El proyecto de decreto se complementa con el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ya ha remitido al Parlamento.

El Intendente de Montevideo adelantó que el proyecto ingresará formalmente a estudio de la Junta el lunes 14 de noviembre y explicó que “desde que comenzaron a funcionar las plataformas que manejan la contratación de particulares y dan un servicio de transporte en Uruguay, dijimos que estábamos abiertos a las nuevas realidades y posibilidades. Lo que si, siempre sostuvimos que cualquier introducción de nuevas realidades tendría que preservar el bien público”.

Las calles son parte del espacio público -agregó el Intendente Martínez- que es de usufructo de ciudadanas y ciudadanos, y compete a la Intendencia junto con la Junta Departamental regular el derecho de su uso como por el concepto en sí de un servicio público. Este concepto de servicio público es el que entendemos vital y vamos a defender, para dar igualdad de condiciones a toda la ciudadanía”, subrayó.

Mediante el decreto se habilitará la modalidad de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratado a través de plataformas electrónicas, que estará sujeta a los permisos que conceda previamente la Intendencia.

El proyecto de decreto tiene como centro a la ciudadanía, por lo que su objetivo es otorgar todas las garantías posibles.

Daniel Martínez explicó que con el decreto “buscamos marcar las pautas ante la existencia de una nueva realidad con utilización de las tecnologías, que permita el desarrollo de esta modalidad asegurándonos la preservación en defensa de todas y todos, partiendo de la base de que no es un servicio público garantista para la ciudadanía en su actual formulación, si no que estamos usando un bien que es de montevideanas y montevideanos”.

El Intendente aclaró que “hay algunas de esas plataformas que quieren insertarse respetando las reglas de juego y a  partir del lunes se abrirá un pedido de discusión con todos los actores involucrados del sistema, donde podrán aportar sus ideas”.

Proyecto presentado

Este proyecto se complementa con la ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento.

Este decreto habilita la modalidad de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratado a través de plataformas electrónicas, que queda sujeta a los permisos que previamente conceda la Intendencia de Montevideo y reconoce a la plataforma como intermediaria.

Se crea un registro de los vehículos prestadores del servicio, de los permisarios (que solo podrán ser personas físicas) y de las plataformas electrónicas.Los permisos se otorgarán por cada vehículo y ninguna persona podrá ser titular de más de un permiso

“los permisarios están haciendo uso de un bien público como son las vías de circulación”,y deberán abonar a la Intendencia de Montevideo un canon de $ 1,70 por kilómetro recorrido, desde su inicio hasta la finalización del viaje cualquiera sea su destino dentro o fuera de los límites del departamento de Montevideo. La Intendencia de Montevideo podrá fijar además tarifas máximas, “tal como ya sucede desde hace años con el servicio de remises”.

La IM determinará las condiciones que tendrán que cumplir tanto la plataforma como los choferes adheridos a ella para acceder al registro. Además se limitará a uno la cantidad máxima de vehículos que un mismo propietario posea en dicho registro, aunque un mismo coche puede ofrecer el servicio de transporte para más de una plataforma o aplicación.

Todo lleva a  dar”garantías” al ciudadano. La primera de ellas es que “el servicio de transporte sea prestado en condiciones de seguridad: vehículos en condiciones, choferes con libreta profesional, póliza de seguro contra todo riesgo”. El segundo beneficio de esta nueva normativa “es que seguirá viviendo en un país donde se respetan las reglas y los trabajadores de las aplicaciones realizan los aportes como cualquier otro trabajador, con la garantía de que se efectuará la prestación de un servicio público por parte de un actor privado que pasa a estar regulado”.

La nueva normativa a analizar por parte de la Junta establece obligaciones para la plataforma y para los propietarios de los vehículos que operan con ella.

Entre las obligaciones de los conductores :es tener licencia de conducir profesional, tener carné de salud vigente, cumplir con las obligaciones fiscales y cumplir con el artículo 11 del decreto, donde se establece que los vehículos habilitados tienen que tener menos de cuatro años de antigüedad (este plazo se extiende un poco más para el caso de los vehículos eléctricos), estar empadronados en Montevideo y tener capacidad para transportar no más de 5 pasajeros, así como deben aceptar únicamente pasajeros despachados por la plataforma. El propietario del vehículo también deberá demostrar a la IM, una vez al año, que está al día con los aportes al BPS.

La autorización de un vehículo  se da si el vehículo está registrado en las condiciones que establece la nueva normativa. La autorización es diferente a los que se otorgan a los taxis. Los vehículos de las aplicaciones, además, deberán tener un control una vez al año.

Y las obligaciones para las plataformas es que deben estar en el registro de  la normativa y únicamente pueden despachar vehículos que figuren en ese registro.

La intendencia “tiene muy claro que debe preservar los bienes públicos”, por lo que resolvió establecer en el decreto la obligación para las plataformas de realizar un aporte económico, ya que el servicio que presta utiliza las calles.

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