Hechos _piden captura de Ramos y frenar la indagatoria de Baez.
Néstor Marcelo Ramos, un abogado argentino con pasaporte italiano, es señalado como el testaferro de Lázaro Báez, el empresario kirchnerista procesado por lavado de dinero. Los lazos de Ramos con Uruguay son múltiples e intensos. Los registros migratorios indican que Ramos estuvo en el país decenas de veces el año pasado y que su última salida de Uruguay fue el 19 de setiembre pasado, cuando cruzó la frontera hacia Argentina. De todas maneras, su paradero se ha tornado esquivo para la Justicia de ese país. Ante la sospecha de que se pudo haber fugado, el juez argentino Sebastián Casanello pidió ayer viernes la captura nacional e internacional del «enigmático testaferro» de Báez, como lo denominó el fiscal José María Campagnoli.
La presencia de Ramos en Uruguay siguió siendo frecuente después de 2013. El año pasado, entró y salió del país unas 20 veces, informaron fuentes oficiales a El Observador.
Argentina _“Ahora el Gobierno no quiere que Báez hable”. Miercoles 4 de mayo, sobre el filo de la medianoche. El hombre, un operador 24 horas que acaricia todos los botones del Estado desde los 90, alertó sobre un supuesto cambio en las órdenes que venía recibiendo desde lo más alto del poder para rodear de garantías una hipotética confesión del zar de la obra pública preso en Ezeiza, respecto a la naturaleza y la profundidad de sus vínculos comerciales con la ex presidenta Cristina Kirchner.
Unas horas antes, Lázaro había pedido un súbito aplazamiento de la ampliación de la indagatoria que debía prestar el jueves5, y cuya importancia iba a ser tanta que el fiscal Marijuan anticipó una cirugía de meñiscos para poder estar presente. Pero el juez Casanello no aceptó el cambio de fecha, y Báez terminó presentando un escrito light, en el que rechazó las acusaciones de lavar dinero.
Esa franja estaría integrada por algunos referentes radicales que batallan en el Congreso por empujar las leyes que necesita el oficialismo, y por los ministros más mediáticos Macri. Sus voces confluirían en los oídos del jefe de Gabinete Marcos Peña, último transmisor del mensaje, en reuniones celebradas en la Casa Rosada o el departamento del presidente en la avenida Libertador.
La otra oreja de Macri es calentada por la facción que quiere “ir a fondo”, y que tiene en Elisa Carrió a su vocera más volcánica, pero que también integra, entre otros funcionarios del PRO, un influyente operador radical que paradójicamente suele recibir los rayos que le lanza la chaqueña.
El primer intento de la tesis judicial “gradualista” sería que la ruta del dinero K termine en Báez. La montaña de pruebas de la protección y connivencia estatal es tan copiosa que ese camino está casi clausurado.El plan B es frenar la inundación cuando el agua suba hasta el ex ministro de Planificación Julio De Vido, a quien la justicia intentó en vano allanar hace ocho días. Además del OK del juez, un llamado oficial habría congelado el entusiasmo de los policías que tocaban el timbre. De Vido fue el bastonero del “cartel de la obra pública” que denunció Fariña.
No es todo. El jueves, Báez también jugó una ficha fuerte nombrando a la constructora IECSA, del primo de Macri, Angelo Calcaterra. Ese mismo día, el empresario anunció que la vendía.
El juego de presiones sigue sin tregua. Puede haber más arrepentidos, alguno sorprendente. Incluso en el riñón más cercano al juez Casanello.