Piden captura del testaferro de Báez, Ramos, presidente de Helvetic Group.

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Hechos _piden captura de Ramos y frenar la indagatoria de Baez.

Néstor Marcelo Ramos, un abogado argentino con pasaporte italiano, es señalado como el testaferro de Lázaro Báez, el empresario kirchnerista procesado por lavado de dinero. Los lazos de Ramos con Uruguay son múltiples e intensos. Los registros migratorios indican que Ramos estuvo en el país decenas de veces el año pasado y que su última salida de Uruguay fue el 19 de setiembre pasado, cuando cruzó la frontera hacia Argentina. De todas maneras, su paradero se ha tornado esquivo para la Justicia de ese país. Ante la sospecha de que se pudo haber fugado, el juez argentino Sebastián Casanello pidió ayer viernes la captura nacional e internacional del “enigmático testaferro” de Báez, como lo denominó el fiscal José María Campagnoli.

Ramos es el presidente de Helvetic Service Gruop, la sociedad suiza que controlaba la financiera SGI, mejor conocida como La Rosadita, base de operaciones en Buenos Aires del grupo liderado por Báez.
Imágenes divulgadas en enero por canal 13 muestran que el hijo de Báez, Martín, y su contador, Daniel Pérez Gadín, contaron millones de dólares de origen al menos incierto en esa financiera.
Helvetic es “una sociedad vehículo: una suerte de tren en constante movimiento, donde se suben y bajan activos de distintas personas que buscan reducir u ocultar parte de su patrimonio”, expresó el juez Casanello en su último fallo.
Báez se deslidó de la sociedad presidida por Ramos. “Ni yo ni mi hijo Martín somos ni hemos sido accionistas, ni directores, ni apoderados, ni representantes, ni empleados de dicha sociedad”, expresó el escrito presentado este jueves por el empresario en el juzgado, informó Clarín.
De todas maneras, Báez admitió que su principal empresa, Austral Construcciones, recibió US$ 33 millones de Helvetic. La declaración de Ramos para esclarecer el panorama resulta fundamental. El presidente de Helvetic debía declarar el próximo viernes 13 de mayo, pero ante la dificultad para notificarlo de la citación y la sospecha de que pudo haberse fugado, el juez ordenó ayer su captura.
Ramos brindó “servicios” durante varios años con el estudio JP Damiani & Asociados, dirigido por el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani. “El señor Ramos era un tipo excelente, hasta que en 2013 parece que le prestó servicio a gente incorrecta”, dijo Damiani a El Observador. “Cuando este señor cometió los errores, inmediatamente se le revocaron todos los mandatos de cosas vinculadas a nosotros porque actuó con gente que aparentemente no es la correcta”, agregó el dirigente.

La presencia de Ramos en Uruguay siguió siendo frecuente después de 2013. El año pasado, entró y salió del país unas 20 veces, informaron fuentes oficiales a El Observador.

Los movimientos financieros de Ramos están bajo la lupa de la jueza Adriana de los Santos, que desde 2013 investiga la ruta del dinero K en Uruguay.

Argentina _“Ahora el Gobierno no quiere que Báez hable”. Miercoles 4 de mayo, sobre el filo de la medianoche. El hombre, un operador 24 horas que acaricia todos los botones del Estado desde los 90, alertó sobre un supuesto cambio en las órdenes que venía recibiendo desde lo más alto del poder para rodear de garantías una hipotética confesión del zar de la obra pública preso en Ezeiza, respecto a la naturaleza y la profundidad de sus vínculos comerciales con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Unas horas antes, Lázaro había pedido un súbito aplazamiento de la ampliación de la indagatoria que debía prestar el jueves5, y cuya importancia iba a ser tanta que el fiscal Marijuan anticipó una cirugía de meñiscos para poder estar presente. Pero el juez Casanello no aceptó el cambio de fecha, y Báez terminó presentando un escrito light, en el que rechazó las acusaciones de lavar dinero.

 

“El Presidente se había convencido de que la gente clama porque la justicia vaya a fondo, que los corruptos sean juzgados y que devuelvan la fortuna que se robaron”, dice el discreto funcionario nacional. “Pero un sector del gobierno y de los empresarios quieren parar una avalancha que no saben dónde y sobre todo con quiénes puede terminar”.

Esa franja estaría integrada por algunos referentes radicales que batallan en el Congreso por empujar las leyes que necesita el oficialismo, y por los ministros más mediáticos Macri. Sus voces confluirían en los oídos del jefe de Gabinete Marcos Peña, último transmisor del mensaje, en reuniones celebradas en la Casa Rosada o el departamento del presidente en la avenida Libertador.

La otra oreja de Macri es calentada por la facción que quiere “ir a fondo”, y que tiene en Elisa Carrió a su vocera más volcánica, pero que también integra, entre otros funcionarios del PRO, un influyente operador radical que paradójicamente suele recibir los rayos que le lanza la chaqueña.

El primer intento de la tesis judicial “gradualista” sería que la ruta del dinero K termine en Báez. La montaña de pruebas de la protección y connivencia estatal es tan copiosa que ese camino está casi clausurado.El plan B es frenar la inundación cuando el agua suba hasta el ex ministro de Planificación Julio De Vido, a quien la justicia intentó en vano allanar hace ocho días. Además del OK del juez, un llamado oficial habría congelado el entusiasmo de los policías que tocaban el timbre. De Vido fue el bastonero del “cartel de la obra pública” que denunció Fariña.

No es todo. El jueves, Báez también jugó una ficha fuerte nombrando a la constructora IECSA, del primo de Macri, Angelo Calcaterra. Ese mismo día, el empresario anunció que la vendía.

El juego de presiones sigue sin tregua. Puede haber más arrepentidos, alguno sorprendente. Incluso en el riñón más cercano al juez Casanello.

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