Rodríguez explicó a la Secretaría de Comunicación Institucional que el Comité de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, realizó 54 observaciones generales a los países que lo integran porque 39 derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño no se cumplen en términos de políticas públicas a nivel internacional, en áreas como identidad, educación o salud.
“La experiencia de 30 años es lo que consideró el Comité de Naciones Unidas para proponer a Uruguay como país pionero que implementará durante dos años una política que contemple las observaciones generales”, explicó el director.
Como ejemplo, Rodríguez dijo que el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) realiza 20 intervenciones, desde hace muchos años, a través de proyectos de Calle, que atiende una población de 1.088 niños y niñas en Montevideo, Durazno, Maldonado, Paysandú y Salto, en modalidad de albergues de tiempo completo o parcial, según el Sistema de Información para la Infancia (SIPI). La intervención en proyectos de Calle se complementa con la acción de los clubes de niños y también de los 90 centros juveniles que atienden a 7.000 adolescentes de entre 13 y 17 años.
El funcionario explicó que, a través de los programas de tiempo parcial en la modalidad Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), centro juvenil o club de niños, el INAU atiende a 85.000 niños, niñas y adolescentes, que permanecen en el ámbito familiar con atención institucional de entre cuatro y ocho horas. Otros 4.200 niños y niñas son atendidos por el Instituto en forma directa; de ellos, unos 2.500 están internos en régimen de tiempo completo de 24 horas en hogares institucionales y otros 1.800 en la modalidad de acogimiento familiar, como familia amiga o extensa.
El INAU lidera el proyecto que se elabora en coordinación con organizaciones de la sociedad civil que trabajan a diario y en forma directa con niños y adolescentes, y también se convocará a los ministerios de Desarrollo Social, de Educación y Cultura, de Salud Pública, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado y a la Secretaría de Deporte, sostuvo Rodríguez.
El cronograma de trabajo implica que en 2017 se elabore el proyecto, en 2018 se presente al Comité y en 2019 se implemente esta política, que incluye un proceso de evaluación de la aplicación.