El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada hace dos semanas por el Parlamento, de mayoría opositora. Se trata de una respuesta a un recurso introducido ante la máxima instancia judicial por el presidente Nicolás Maduro, quien ha decidido escoger la facultad más severa que le otorga el contrato social que rige a todos los venezolanos como una manera de oponerse en firme a la liberación de los presos políticos.
El Presidente venezolano establece como un punto de honor mantener tras las rejas a 78 personas procesadas o sentenciadas por delitos ocurridos en el ejercicio de sus derechos políticos. Entre ellos se encuentra el exalcalde del municipio Chacao Leopoldo López y la máxima autoridad del área metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma.