El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) ex Sirpa presentó los avances en el diseño del Sistema de Gestión Adolescente en el marco del Programa de Inclusión Social, proyecto de cooperación internacional celebrado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Unión Europea (UE), en apoyo a la reforma del sistema penal.
Los avances que se analizaron en la jornada tienen relación con el fortalecimiento de las capacidades humanas del sistema de administración de centros de internación de privados de libertad a partir de la formación de los recursos humanos; una estrategia nacional de educación en cárceles en los niveles de educación primaria, secundaria y técnica que está siendo implementada por parte de un personal adecuado; un sistema integral de promoción de la inserción sociolaboral de las personas privadas de libertad que ha sido creado y funciona eficientemente con un personal capacitado para el desempeño de sus funciones.
El director de Inisa, Eduardo Katz, dijo que la institución está naciendo con importantes apoyos técnicos nacionales e internacionales que se reflejan en un abordaje multifactorial, con una gestión de equipo que está trabajando en nuevos abordajes de problemáticas vinculadas a los jóvenes.
Enumeró por ejemplo, que se trabaja en la necesidad de que los 1.700 funcionarios que trabajan en el Inisa se sigan capacitando, situación que comenzará a implementarse hacia fines de este mes.
También se está analizando la trayectoria de vida de los jóvenes; su salud física y mental; el vínculo entre las familias y la institución; además de documentarse debidamente el tránsito judicial, para lo cual fue relevante la informatización de todo el sistema que tiene por objetivo rehabilitar a los jóvenes que están en situación de privación de libertad o con medidas alternativas a la privación de libertad.
Al presentar algunos de los avances en el rediseño institucional de un nuevo sistema de gestión adolescente, la directora del área Cooperación Nacional e Internacional de Inisa, Gabriela Garbarino, dijo que se están generando insumos para la creación de un observatorio nacional sobre la situación de los jóvenes privados y no privados de libertad.
Asimismo se diseña una estrategia nacional en educación para los adolescentes que están en conflicto con la ley en el ámbito penal. En tal sentido, se han desarrollado experiencias pilotos para que los adolescentes puedan estudiar aunque estén en una situación de privación de libertad.
El Inisa tiene en sus instalaciones a 770 jóvenes de entre 13 y 18 años que viven en los 18 centros de Montevideo y en los 3 ubicados en el interior del país.
Cooperación internacional
El objetivo del Proyecto de Justicia e Inclusión es contribuir a la mejora de la cohesión social en Uruguay a través de la consecución de un sistema de justicia penal eficiente y respetuoso con la protección de los Derechos Humanos, para lo cual desarrolla acciones en torno a cinco sectores de intervención:
apoyo a la reforma penal;
reforma administrativa y fortalecimiento de las capacidades del sistema de medidas privativas y no privativas de libertad;
salud en centros de privación de libertad;
educación en centros de internación de privados de libertad;
promoción de la inserción laboral de las personas liberadas de penas de prisión.
El presupuesto del Programa Justicia e Inclusión es financiado en su totalidad por la UE a través de la modalidad de donación.
El proyecto también comprende acciones delegadas en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS); y en calidad de asociados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Sistema Penitenciario Catalán.