Gobierno destinará 474 millones de pesos para implementar el nuevo Código del Proceso Penal

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El Gobierno dispondrá 20 millones de pesos para comenzar a implementar el nuevo Código del Proceso Penal, con el cual se capacitarán magistrados y funcionarios, se incorporarán edificios y se impulsará la reconversión digital del Poder Judicial.

El acuerdo incluye una asignación de 166 millones de pesos en 2017 y 288 millones en 2018. “Esto asegura que en julio de 2017 entre en vigencia el Código”, dijo el Presidente Vázquez.

Pérez Manrique y Tabaré Vázquez

El Presidente de la República, Tabaré Vázquez, en conferencia de prensa tras reunirse con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, este martes en Torre Ejecutiva, subrayó que con los fondos asignados “Uruguay podrá  tener el nuevo Código del Proceso Penal, por el cual bregó desde hace muchos años”. El nuevo Código comenzará a funcionar el 16 de julio de 2017.

Además, sostuvo que coloca al país en concordancia con los planteos de organismos internacionales sobre la necesidad de actualizar el Código del Proceso Penal y reduce los plazos para emitir sentencias a delitos graves, “para no estar en el rubro de países en deuda con la comunidad internacional y con nuestra sociedad en cuanto a la demora”.

El mandatario destacó el “trabajo profundo y de alta colaboración”, que sintetizó en un acuerdo para el importe económico, recursos “que no son parte de la Suprema Corte de Justicia ni del Gobierno, sino de la ciudadanía en general que asegura la implementación del mismo en todo el territorio nacional”.

Anunció también que para la implementación del nuevo Código Aduanero se destinarán 53 millones de pesos, de los cuales 22 millones de pesos estarán disponibles en 2017, mientras que para 2018 quedarán los restantes 31 millones de pesos.

Suprema Corte afirmó que nuevo Código Procesal Penal mejora respeto y garantía de los derechos fundamentales
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Roberto Pérez Manrique, explicó que el nuevo código “tiene como finalidad mejorar el nivel de respeto y garantía de los derechos de todas las personas implicadas, en primer nivel de las víctimas que tendrán un rol en el proceso hasta el punto que pueden manifestar su discrepancias con actitudes de fiscales”.

En segundo lugar, sostuvo que invertirá radicalmente la cantidad de personas presas sin condena. “La mayoría de las personas que estén privadas de libertad estarán ya con sentencia de condena. Lo que implica que muchas personas tienen derecho a esperar la condena en libertad. Esto es un factor que implica un cambio cultural”, destacó.

Detalló que la infraestructura existente en Montevideo “solventará el nuevo código” y que en Maldonado se trabaja en la primera etapa de terminación del Centro de Justicia.

“Tenemos que encontrar soluciones edilicias en otros departamentos y expandir el sistema tecnológico denominado ‘Odile’, que graba en audios las audiencias. También llamaremos a concursos para proveer los cargos de defensores públicos previstos en la Rendición de Cuentas, generaremos aspirantes a Magistraturas y preparar el esquema para cumplir el sueño de contar con un nuevo Código Penal”.

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