La falta de documentación les impide estudiar, ir al médico y recibir ayudas, entre otros derechos
Hay decenas de miles de personas que no existen formalmente para el Estado argentino: no tienen DNI. Sus padres nunca los registraron al nacer y la falta de documentación les impide ejercer un sinfín de derechos: no pueden estudiar, tampoco recibir una atención médica regular, beneficiarse de ayudas sociales, tener un empleo en blanco ni alquilar una vivienda. Su invisibilidad acarrea una gran vulnerabilidad, de la que es difícil salir. Con la iniciativa «Indocumentadxs Cero», que se presenta el lunes en el Congreso argentino, un grupo de ONG pretende modificar la ley para garantizar a estas personas el derecho a la identidad.
Una encuesta realizada en 2011 concluyó que un 1.6% de los nacimientos de chicos con menos de 17 años, unos 168.000, no fueron registrados en su momento. La encuesta fue coordinada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA) y el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (Iadepp). Desde Iadepp, al frente de la iniciativa «Indocumentadxs Cero», creen que la cifra no se ha modificado sustancialmente y que existe un número similar de personas que han alcanzado la mayoría de edad sin estar inscritas en un registro civil.
Testimonio
Anahí Fernández tiene 20 años y tres hijos a los que no ha podido dar su apellido porque no tiene DNI. Sus progenitores no la inscribieron en el Registro Civil de San Isidro antes de los 40 días de vida, como obliga la ley. Tampoco a su hermana. Años después, cuando se separaron, su padre se llevó los pocos papeles que tenían y su madre ni siquiera pudo certificar que era su hija. La falta de identidad la obligó a abandonar sus estudios al completar la primaria, ya que sin DNI no le podían expedir el título que le exigían en secundaria. También complicó su asistencia a los controles médicos pediátricos y, posteriormente, a las revisiones obstétricas cuando quedó embarazada por primera vez, a los 15 años.
«Hace diez años que intento tener DNI», explica la joven. En ese tiempo ha deambulado con su madre por numerosas instituciones de la provincia de Buenos Aires, donde nació: registros civiles, Defensoría de la niñez, un médico forense, comisarías, juzgados… El mes pasado finalmente un juez reconoció su identidad, pero falta el último paso: recibir el ansiado documento, que si nada lo impide, llegará entre junio y julio.
La cooperativa de reciclaje de residuos Bella Flor, en pleno funcionamiento. Ricardo Ceppi
Se trata de un problema «de pobreza estructural» que afecta a personas que «viven completamente fuera del sistema, con vidas que no se rigen para nada en la economía formal».
Nora Rodríguez hace 11 años que intenta que los hijos que adoptó «de corazón» obtengan un DNI. «Ser un NN (no nombre) es una desgracia. No entiendo por qué no les pueden dar una identidad», subraya, entre insultos, al explicar que los indocumentados no pueden beneficiarse de ayudas sociales ni recibir una educación completa que les permita tener más oportunidades.
Iadepp, la Fundación Microjusticia argentina y la Asociación El Trapito reclamarán el lunes en el Congreso un cambio legislativo que modifique el régimen de inscripción para indocumentados.